5 COSAS QUE DEBES SABER SOBRE LA LEY TELECOM 

1. Los proveedores podrán exigir un pago extra a los usuarios para obtener un trato preferencial. ¿Qué significa eso? que para tener una conexión estable tendremos que pagar más. En otras palabras, ¿quieres ver Netflix? Paga extra. ¿Quieres jugar videojuegos? Paga extra.


Internet se parecerá más a los sistemas de televisión, con menos contenidos gratuitos y más publicidad.

2. Abre la puerta a la censura por derechos de autor. Adiós a las tardes de películas y música fresca. La Ley prohibe reproducir o compartir fragmentos de contenidos y música protegidos con copyright, incluso para burlarnos de ellos.


Adiós a los videos de Peña equivocándose una y otra vez en un mismo discurso. Pensándolo bien, si yo fuera él, también impulsaría esta iniciativa.


3. Permite el almacenamiento de datos de los usuarios sin orden judicial. ¿Quién nos garantiza que las autoridades con acceso a nuestra información no estarán vinculadas con actividades delictivas y que no seremos presa de extorsiones? Porque claro, la corrupción de la policía no es un problema en México… ¿cierto? ¿Quién garantiza que nuestra información personal no será vendida a empresas particulares con fines comerciales?

Los proveedores de servicios -Telcel, Iusacell, etc.- deberán almacenar los datos de los usuarios por tiempo indeterminado y para que estén a disposición de todo tipo de autoridades -Ejército, Gobernación, PGR, Marina, etc.-, lo que viola el principio de privacidad sobre el que la Suprema Corte mexicana ya se ha pronunciado.

4. La propuesta permite que proveedores de Internet censuren de forma previa los contenidos. Como en los peores años de la guerra sucia en México, el gobierno podría censurar contenidos que afectan a sus intereses.


La iniciativa busca legalizar casos de censura como el que documentó y denunció el portal 1dmx.org. Ver más… https://www.youtube.com/watch?v=m2zpjJteZPI

5. El gobierno podría bloquear, inhibir o anular de manera temporal la señal en eventos y lugares críticos.

Durante las manifestaciones, podría impedir que ciudadanos y periodistas informen en tiempo real sobre abusos policiacos y violaciones a derechos humanos.